EL SUROCCIDENTE MOVILIZACIÓN REGIONAL POR LA PAZ

Cerca de medio siglo del conflicto armado en Colombia lo hace aparecer
como natural o de imposible solución. Primero se lo trató bajo la idea de que las
guerrillas obedecían a mandatos del comunismo internacional y no a la pobreza
y desigualdad que vivían los pueblos. Desde el gobierno de Belisario Betancur se
lo considera como producto de las condiciones económicas y sociales que vive
la población. Por eso hizo propuestas de paz que luego fueron replicadas por los
siguientes gobiernos hasta que Uribe Vélez considerara la vía militar como única
forma para obtenerla.
Su política de Seguridad Democrática estableció como argumento central la
eliminación de la guerrilla. Creyó que con el incremento de fuerza pública, mejoramiento
tecnológico de las fuerzas militares, el apoyo de los Estados Unidos y
la incorporación en la inteligencia de parte de la población como colaboradores,
sería “pan comido” su terminación. Por eso borró de un plumazo la existencia
del conflicto armado, con todas sus implicaciones, al adoptar el calificativo de
terroristas a todos los que militaran en organizaciones insurgentes. Van casi diez
años de esa política, y, si bien ha habido debilitamiento de las organizaciones
guerrilleras, en particular de las FARC, siguen ejerciendo su acción de control
de territorios; así sea en zonas marginales, y

realizando demostraciones de su capacidad
militar en todo el país.
El actual gobierno hizo un ligero cambio
al aceptar que si hay conflicto armado. Al hacerlo
se comprometía con sus implicaciones.
Si hay una guerra interna, hay, por lo menos,
dos partes: la insurgencia y el Estado. Como
tal debe atender no solo las normas internas
sino las internacionales que la norman.
En especial, en sus efectos sobre la población que queda en medio del conflicto.
Cambia el calificativo de terroristas por el que se asigna a actores de una confrontación
militar; pero se mantiene la doctrina de la Seguridad Democrática del
gobierno anterior.
Organizaciones sociales, ONG, instituciones, y ciudadanía en general; en
especial, las víctimas del conflicto vienen presionando una solución política. Es
decir una negociación conducente a la paz. Más no de cualquier manera. Las diferentes
iniciativas de paz han quedado en manos de quienes hacen la guerra; sin
intervención de quienes la padecen. Quiere decir esto de los pueblos desplazados.
De las comunidades que ven desfilar sus hijos hacia los grupos en combate, sin
que puedan reaccionar para detener esa acción. Desde las familias que velan a sus
muertos con la incertidumbre de quien será el próximo.
De allí que organizaciones sociales del suroccidente colombiano, de nuevo,
como lo hacen desde la década del 80 del siglo pasado, clamen por la paz y se
comprometan con ella. Ese es el significado que tiene la movilización: “Minga
por el derecho a la vida, el territorio y la paz” convocada para los pasados 10
y 11 de mayo en Caloto y Villa Rica, Cauca. Se mantiene bajo la propuesta de
convocar a consultas populares para que sea el pueblo quien decida sobre la paz
y no únicamente el presidente. La participación de las gobernaciones del Cauca,
Nariño y Valle y de varias alcaldías, le da un cierto apoyo institucional que se puede
transformar en una mayor fuerza si las organizaciones y movimientos sociales
persisten en llevar la iniciativa.
El objetivo central es insistir en parar la guerra y recrear la idea de que la paz
debe hacerse con la participación de las comunidades y de sus organizaciones, sin
más aplazamientos.

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