Historia de Colombia: Lecciones de las agresiones contra indígenas del Cauca

Hay que profundizar en el papel de los medios de comunicación y del gobierno frente a las protestas indígenas. Es decir, la campaña mediática de militares y presentadores de noticias que le hacen apología a la guerra y que por lo mismo aceptan como normal el desmedido uso de las armas contra los pueblos indígenas en el del departamento del Cauca.
En las calles de las ciudades se rindió culto a la guerra del Estado, se llamó a rodear a las fuerzas militares y ponerlas en el pedestal de los héroes y salvaguardias legítimos de la integridad nacional; se narró como epopeya sin parangón la retoma del Cerro Berlín, bañado en las lágrimas de un sargento y en sangre indígena, insistiendo en que los buenos no tenemos nada que ver con los “indios malos, apátridas” que querían otro Cagúan, otras repúblicas independientes otra afrenta y humillación a nuestros soldados.
Esa memoria oficial merece ser impugnada luego de revisar aquello que aparece como la victoria.
Un huaino andino dice “remando en nuestro ataúd volveremos, volveremos” ese parece ser el lema de los resistentes, tantas veces los mataron que están cansados de morir y aquí están y seguirán. Por estos resistentes propongo tres lecciones para que los estudiantes discutan esta historia presente.

1ª.- No hay
“Fuerza Pública”:

La Constitución Política de Colombia señala que la Fuerza Pública está conformada por las fuerzas militares y de policía, y tiene como misión “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
No obstante, existen razones de sobra para afirmar que en Colombia históricamente no ha existido algo parecido a una Fuerza Pública y menos que las estructuras militares y de policía que cumplan el mandato constitucional.
No hay fuerza pública que defienda la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. Las Fuerzas Armadas y de Policía son desde hace más de medio siglo, apéndices geopolíticos neocoloniales de las fuerzas armadas estadounidenses, creadas para asegurar la fidelidad del gobierno y la burocracia castrense colombiana a las doctrinas y campañas de la potencia imperialista.
No hay fuerza pública que mantenga las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, las libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Lo que sí existe es una fuerza militar y policial, que se destaca en los ranking internacionales por sus prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos : asesinatos extrajudiciales (falsos positivos), genocidios, desplazamientos, violaciones a mujeres, saqueos de los bienes personales y colectivos de las comunidades, depredación ambiental, alianzas con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo en nombre de la contrainsurgencia, participación en bandas de delincuentes para asaltar, secuestrar y extorsionar a pequeños comerciantes y gentes indefensas.
Todo el sistema de Defensa colombiano, en medio de una cruenta guerra y con el apoyo financiero de Estados Unidos se transformó en un nuevo grupo empresarial: el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, “el más grande del Sector Público Colombiano, conformado por 18 empresas reconocidas y disímiles en su función pero con un fin común: apoyar la misión de la fuerza pública y velar por el bienestar y la seguridad social de sus miembros. El GSED con la visión de grupo empresarial, es un Grupo reconocido, con un fin común, generando y desarrollando alianzas estratégicas entre sí y con la Fuerza Pública, en procesos para reforzar su gobernabilidad y administrado bajo orientaciones estratégicas que buscan generar valor agregado y crear riqueza para el país” iv
Esta nueva vocación empresarial y monopólica se ha reforzado a partir de la implementación del neoliberalismo, la mercantilización y rentabilización del negocio de la guerra, por esto, para el GSED cualquier factor que cuestione la política guerrerista es considerado un competidor que debe ser neutralizado o eliminado. En Colombia la guerra es uno de los negocios más rentables de las fuerzas militares y de policía, tanto como GSED, como en términos individuales: recompensas, primas, suministros, salarios especiales, bonificaciones, compensatorios y traslados.
Finalmente en Colombia no hay fuerza pública como concepto de filosofía política, aunque sin duda existen soldados y policías de diferentes rangos que aspiran a cumplir su función pública de manera honesta y democrática, pero la concepción dominante que gobierna los asuntos militares y de policía es la de una fuerza armada de ocupación antinacional, anti popular, anti soberana y anti democrática que vive de mitos infundados (las fuerzas armadas más respetuosas de la civilidad, los héroes que sí existen…) y que está totalmente postrada ante las exigencias neocoloniales del gobierno estadounidense y de los grandes mega monopolios internacionales.

2º. Medios de
desinformación

El artículo 20 de la Constitución Política colombiana establece la obligación a los medios de informar en forma veraz, imparcial y oportuna en marco de responsabilidad social. En el cubrimiento de los sucesos del departamento del Cauca cadenas de radio, televisión y prensa nacional y regional, no hubo información ni veraz, ni oportuna.
Hasta la fecha ninguna de las piezas comunicativas sobre lo ocurrido con las comunidades indígenas y las fuerzas armadas en el Cauca fueron transmitidas con veracidad, imparcialidad y oportunidad. Los grandes medios desde el principio tomaron partido por el Ejército y se dedicaron a informar parcialmente los sucesos, acompañados de una construcción discursiva de lo indígena como malo y antipatriótico. Construyeron imágenes distorsionadas que generan una opinión pública parcializada y anti indigenista. Frases como “cruce de disparos”, “guerra en el Cauca” para explicar los sucesos, buscaron además de criminalizar y estigmatizar, borrar la diferencia entre población civil (los indígenas) y los reales sujetos armados legales o ilegales.

Equiparar la toma y la retoma del Cerro Berlín, como si se tratara de la toma y la retoma del palacio de Justicia, o el copamiento militar de un territorio controlado militarmente por un enemigo, contribuyó a la polarización y manipulación de la opinión pública.
La presentación del sargento García lloriqueando, permitió a la estrategia de propaganda militarista de las grandes cadenas, hacer a un lado y sepultar las agresiones de los militares y la ejecución extrajudicial de varios indígenas en los supuestos “cruces de disparos”, y causar heridas de fusil a decenas de manifestantes, siendo está una repugnante muestra de la actitud retaliadora y revanchista de las tropas de ocupación.

3º. ¿Legítima defensa?

En nombre de la “legítima defensa”, el Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ordenaron a sus tropas imponer el orden y reprimir al movimiento indígena del norte del Cauca, Pinzón dijo: “Esa es una zona que requiere la presencia del Estado y el Gobierno está dispuesto, como nunca antes. Pero debemos mencionar que las tropas tienen derecho a la legítima defensa y deben proteger ciertas zonas. Las tropas mantienen el principio de no confrontación ante los indígenas, pero usarán la fuerza de ser necesario. La población debe entender, que el Gobierno sabe que el Cauca ha estado sometido al yugo de las Farc, por lo que la Fuerza Pública no van a abandonar a la población” v.

El argumento de la legítima defensa es una figura clásica del derecho penal. Está consagrada en el código colombiano (ley 599 de 2.000, artículo 32), y significa la ausencia de responsabilidad para quien desarrolla el comportamiento prohibido por la ley, cuando obra en determinadas circunstancias que lo eximen de ser penado.vi. Por consiguiente se apela a este criterio cuando hay una decisión de infringir homicidio a un contrincante y salir penalmente indemne.
Santos y Pinzón han insistido que la desobediencia y defensa activa de los indígenas obedecen a una estrategia de la guerrilla, así que apelando al estilo uribista, deciden convertir la protesta social en acción de guerra y a sus protagonistas en alzados en armas, justificando la represión, las ejecuciones y la continuación de la campaña de terrorismo de estado que se viene imponiendo desde hace tiempo en los territorios indígenas. 

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