Leyes sin colchón

Que más leyes genera por unidad de tiempo, la mayoría producto de una serie de situaciones originadas por la cotidianidad ciudadana, enfocada en razón de cómo hacer una sociedad ordenada mirándola desde un formato convencional e irreal de disciplina y comportamiento robotizado. Si observamos la mayoría de países europeos, especialmente los del centro y nórdicos, todos se rigen por unas sólidas estructuras legislativas soportadas en base a la ética, justicia, legalidad, austeridad, eficiencia y efectividad al momento de tomar determinaciones con los ciudadanos. Incluso sus constituciones políticas son englobadas bajo directrices de convivencia, responsabilidad y participación de todos los actores de la sociedad que protegen.
Es verdad que una de las funciones y obligaciones del congreso colombiano fuera del control político es legislar, de tal manera que se emitan mandatos legales en pro de salvaguardar la integridad territorial, los intereses colectivos e individuales de la sociedad; sin embargo esto no es pretexto para actuar desconociendo la realidad de la mayoría de los colombianos, causando permanente traumatismo en los quehaceres diarios. Es ridículo leer una ley, cuando la misma lo remite a una eslabonada normatividad y ‘leguleyada’ que en la mayoría de los casos ya no es aplicable, ni siquiera están vigentes. En días pasados un importante analista político comentaba que la mayoría de colombianos en toda la etapa de su vida no alcanzan a conocer, leer, mucho menos entender ni el 10% de estos elegantes y bien redactados textos de la legalidad nacional.
Incluso uno de los artículos de estas ocultas leyes, manifiesta: “la ley no lo exime de pecado por desconocimiento de la misma”, al contrario, hoy en día también es delito no saber que existe una norma para cada accionar humano. Es tanto así, que para entender un decreto reglamentario necesariamente se retoma mínimo una treintena de ‘arandelas jurídicas’ propias de otras disposiciones que encadenadamente conforman un laberinto legal apto para ingenieros o amantes de rompecabezas sin salida. Es aquí, en este punto donde se observa la irresponsabilidad y miopía de los llamados “Padres de la Patria” y gobierno, cuando sin ningún pudor proponen y formulan mandatos sin el suficiente soporte social, económico y político que finalmente recalcitraran en la angustiosa necesidad de la comunidad.
Actualmente los entes territoriales locales vienen afrontando la aplicación de un paquete de leyes, todas a desarrollarse bajo la responsabilidad directa de los mandatarios locales, obviamente con recursos propios de los municipios y departamentos que anteriormente cubrían necesidades básicas de primer orden, y que hoy gracias a la ley tendrán que entenderse en otros roles hasta hace poco fueran responsabilidad del gobierno central. En este orden tenemos: Ley de Restitución de Tierras, Ley de Victimas, Ley de Gestión del Riesgo entre otras, que traducidas al ‘castellano’ no son más que una presión y sutil sumisión al progresivo exterminio territorial local, especialmente a los municipios de quinta y sexta categoría que por sus condiciones de población, economía y administración no son autosuficientes y como tal, se verán abocados a la ‘desaparición forzosa’. En otras palabras los municipios pequeños son ‘víctimas’ de la Ley de Víctimas.
Por estos días en todo el orden nacional se están elaborando los Planes de Acción Territorial para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado amparados en la Ley 1448 de 2011, proyecto que alberga objetivos, metas, indicadores y presupuesto para atender a estos compatriotas que por desgracia han sido afectados en su integridad, buen nombre y tranquilidad producto de esta endémica violencia que enmarca a la sociedad colombiana. En ningún momento se desea que esta proyección no se cumpla, sino que ésta responsabilidad sea consorte directodel ente nacional, ya que tiene los medios y herramientas para atenderla integralmente. Toda la ley suena muy bonita, incluso es demasiado ambiciosa, sin embargo el error está en que se ejecute con recursos de los pobres municipios y departamentos que desde ya se nota no cumplirán con el objeto.
Al mismo nivel se viene exigiendo el cumplimiento de otra Ley que trata de la Gestión del Riesgo de Desastres, que igual a las anteriores, necesariamente debe contar con presupuesto y cronograma a desarrollar; también los municipios tendrán que asumir la dura tarea al momento de implementar los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres. Es en este lapso de la normatividad donde se evidencia la irresponsabilidad y mala planificación de los actos legislativos, cuando todo recae sobre los entes territoriales locales y regionales. Aquí es inviable la ley, ya que si no cuenta con recursos específicos, todo terminará en proyectos bien maquillados, de buena letra y en el sueño de los justos. Son leyes sin colchón económico y asidero real.

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